23/05/11 El municipio capitalino anticipó hoy que pedirá el juicio político para la jueza en lo Contencioso Administravo María Gabriela Romero Feris, en virtud de las “irregularidades cometidas” por la magistrada en la sanción de una medida cautelar que impedirá a la comuna aplicar la nueva ordenanza tarifaria a dos empresas del medio.
“Se han avasallado absolutamente la autonomía municipal y las atribuciones del Concejo Deliberante”, sostuvo el secretario general de Gobierno de la comuna, Martín Baerrionuevo, al anunciar la decisión del intendente Carlos Espínola de someter a juicio a la magistrada en razón de que “no se consideraron los elementos básicos para este tipo de medidos que son la peligrosidad de la inminencia de una medida y la verosimilitud del hecho”.
Las acciones que habrá de encarar el municipio capitalino irán por doble vía: por la jurisdiccional se presentará la apelación correspondiente, mientras que en la faz política el intendente Carlos Espínola se reunirá esta tarde con legisladores de la oposición para iniciar el proceso de enjuiciamiento contra la magistrada.
Los elementos considerados por los técnicos de la comuna para objetar el proceder de la jueza fueron explicitados por Barrionuevo y los abogados de la administración capitalina en una conferencia de prensa ofrecida en el Salón Pocho Roch, donde también se hicieron presentes los concejales que votaron a favor de la actualización impositiva, incluidos los liberales Juan Marún y Gisela Gasparín.
Barrionuevo explicó luego, en declaraciones a Radio Dos que “para una cautelar se deben contemplar dos cosas: por un lado la peligrosidad de la inminencia de la aplicación de una medida y la verosimilitud del derecho invocado”
Esto último, para la jueza Romero Feris “se prueba con recortes de diarios y el argumento de la parte actora, todo en copia simple y sin certificaciones, es decir que la verosimilitd es inexistente”, remarcó el funcionario.
“Y en cuanto a la celeridad con que trata el pedido del casino esta magistrada, para resolver en cinco días, cabe decir que es la misma celeridad que le pedía el municipio cuando nos hacían retenciones del 43 por ciento del IPS”, recordó el secretario general de Camau.
Sostuvo que en aquella oportunidad, Romero Feris “esperó tres meses y medio para mdnar un oficio al Banco de Corrientes y recién luego de escuchar el banco, a los cuatro meses nos denegó la medida cautelar comprometiendo los recursos del municipio al punto que tuvimos que pedir un apoyo de la Nación para pagar sueldos”.
“Hoy –continuó Barrionuevo- ante el pedido del casino saca una medida cautelar sin que haya ningún riesgo inminente porque la nueva tasa comercial va a ser aplicada desde el primero de julio y la declaración jurada consiguiente se deberá producir recién en septiembre”.
Con estos argumentos, “vamos a presentar un escrito en el que fundamentaremos estas cosas y vamos a pedir la recusación de la jueza”, al mismo tiempo que “se reunirá con los legisladores para presentar formalmente el pedido de juicio político en virtud de que se ha avasallado absolutamente la autonomía municipal”.
Recordó el secretario general que contra la nueva tarifaria “hubo otros planteos en otros juzgados donde hicieron mínimamente lo que se necesita, que es pedir la versión taquigráfica de la sesión”.
“Acá solamente se tuvieron en cuenta los relatos de la parte actora que son tomados como elemento suficiente para inmovilizar los recursos que pertenecen a 400.000 vecinos”, remarcó.
Finalmente, recordó que otro punto cuestionable del procedimiento de la jueza Romero Feris es que con su cautelar atacar “una medida no está vigente”.
COCOMAROLA
El asesor jurídico de la Municipalidad, Mario Cocomarola, señaló por su parte que las resoluciones de la jueza Romero Feris tienen ” valor probatorio”, dado que las únicas documentales que aparecen en el expediente son copias simples sin firma alguna y “obviamente reflejando la opinión de un sector político”.
“La jueza da por válidos esos relatos y establece que votaron 7 concejales en vez de 8 cuando -les aclaro- que en la sesión del 14 de abril votaron 15 concejales. Votaron 7 por la afirmativa y 7 por la negativa, y habiéndose trabado un empate votó la presidenta, Mirian Coronel, tal cual lo prevé la Carta Orgánica y el reglamento del Concejo Deliberante”, añadió el letrado.
Para Cocomarola, resulta “grosero y grave” el hecho de que la jueza Romero Feris “tome por válido un relato de parte y no se dé, por lo menos, intervención al Concejo Deliberante para conocer lo que sucedió en la sesión del 14 de abril”.
FUENTE: radio dos
“Se han avasallado absolutamente la autonomía municipal y las atribuciones del Concejo Deliberante”, sostuvo el secretario general de Gobierno de la comuna, Martín Baerrionuevo, al anunciar la decisión del intendente Carlos Espínola de someter a juicio a la magistrada en razón de que “no se consideraron los elementos básicos para este tipo de medidos que son la peligrosidad de la inminencia de una medida y la verosimilitud del hecho”.
Las acciones que habrá de encarar el municipio capitalino irán por doble vía: por la jurisdiccional se presentará la apelación correspondiente, mientras que en la faz política el intendente Carlos Espínola se reunirá esta tarde con legisladores de la oposición para iniciar el proceso de enjuiciamiento contra la magistrada.
Los elementos considerados por los técnicos de la comuna para objetar el proceder de la jueza fueron explicitados por Barrionuevo y los abogados de la administración capitalina en una conferencia de prensa ofrecida en el Salón Pocho Roch, donde también se hicieron presentes los concejales que votaron a favor de la actualización impositiva, incluidos los liberales Juan Marún y Gisela Gasparín.
Barrionuevo explicó luego, en declaraciones a Radio Dos que “para una cautelar se deben contemplar dos cosas: por un lado la peligrosidad de la inminencia de la aplicación de una medida y la verosimilitud del derecho invocado”
Esto último, para la jueza Romero Feris “se prueba con recortes de diarios y el argumento de la parte actora, todo en copia simple y sin certificaciones, es decir que la verosimilitd es inexistente”, remarcó el funcionario.
“Y en cuanto a la celeridad con que trata el pedido del casino esta magistrada, para resolver en cinco días, cabe decir que es la misma celeridad que le pedía el municipio cuando nos hacían retenciones del 43 por ciento del IPS”, recordó el secretario general de Camau.
Sostuvo que en aquella oportunidad, Romero Feris “esperó tres meses y medio para mdnar un oficio al Banco de Corrientes y recién luego de escuchar el banco, a los cuatro meses nos denegó la medida cautelar comprometiendo los recursos del municipio al punto que tuvimos que pedir un apoyo de la Nación para pagar sueldos”.
“Hoy –continuó Barrionuevo- ante el pedido del casino saca una medida cautelar sin que haya ningún riesgo inminente porque la nueva tasa comercial va a ser aplicada desde el primero de julio y la declaración jurada consiguiente se deberá producir recién en septiembre”.
Con estos argumentos, “vamos a presentar un escrito en el que fundamentaremos estas cosas y vamos a pedir la recusación de la jueza”, al mismo tiempo que “se reunirá con los legisladores para presentar formalmente el pedido de juicio político en virtud de que se ha avasallado absolutamente la autonomía municipal”.
Recordó el secretario general que contra la nueva tarifaria “hubo otros planteos en otros juzgados donde hicieron mínimamente lo que se necesita, que es pedir la versión taquigráfica de la sesión”.
“Acá solamente se tuvieron en cuenta los relatos de la parte actora que son tomados como elemento suficiente para inmovilizar los recursos que pertenecen a 400.000 vecinos”, remarcó.
Finalmente, recordó que otro punto cuestionable del procedimiento de la jueza Romero Feris es que con su cautelar atacar “una medida no está vigente”.
COCOMAROLA
El asesor jurídico de la Municipalidad, Mario Cocomarola, señaló por su parte que las resoluciones de la jueza Romero Feris tienen ” valor probatorio”, dado que las únicas documentales que aparecen en el expediente son copias simples sin firma alguna y “obviamente reflejando la opinión de un sector político”.
“La jueza da por válidos esos relatos y establece que votaron 7 concejales en vez de 8 cuando -les aclaro- que en la sesión del 14 de abril votaron 15 concejales. Votaron 7 por la afirmativa y 7 por la negativa, y habiéndose trabado un empate votó la presidenta, Mirian Coronel, tal cual lo prevé la Carta Orgánica y el reglamento del Concejo Deliberante”, añadió el letrado.
Para Cocomarola, resulta “grosero y grave” el hecho de que la jueza Romero Feris “tome por válido un relato de parte y no se dé, por lo menos, intervención al Concejo Deliberante para conocer lo que sucedió en la sesión del 14 de abril”.
FUENTE: radio dos
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